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  El desarrollo de las TIC y los beneficios que su utilización puede aportar a las mujeres dependen de la aptitud de los países y regiones para fomentar una políticas eficaces, proactivas y deliberadas, que promuevan la integración social de las mujeres en todas las esferas de la adopción de decisiones y la actividad económica y social. En ausencia de unas políticas deliberadas, la difusión y utilización de las TIC y sus beneficios previstos en realidad podrían agravar las actuales disparidades económicas y de ingresos, y como resultado de ello los segmentos más indigentes de la población quedarían aún más marginalizados, explotados y empobrecidos. El éxito de un centro TIC comunitario exige más que una infraestructura de telecomunicaciones, pues para ello es necesario que los gobiernos, el sector privado y las ONG apliquen unos programas de apoyo selectivos para impartir formación a los usuarios, operadores y proveedores de servicios.9 Para aprovechar cabalmente sus posibilidades, los centros TIC comunitarios necesitan un entorno de política que promueva sistemas y políticas propicias para la sustentabilidad. Dichas políticas deben garantizar, por ejemplo, la igualdad de género en los procesos de implementación, fomentar unos regímenes de fijación de precios que favorezcan a los servicios de los centros comunitarios, y establecer incentivos a la inversión en favor del acceso universal. Si los encargados de formular políticas desean asignar prioridad al acceso universal, deben centrarse en las demandas de sus poblaciones rurales y urbanas periféricas. Un centro comunitario bien desarrollado también es un instrumento inapreciable para la función que desempeñan los gobiernos en las economías de hoy en día. A medida que los ciudadanos se familiarizan con estos centros y comienzan a frecuentarlos y a utilizar información y servicios web, empiezan a valorar positivamente cualquier servicio público prestado por el gobierno a través de las TIC. Aunque pueden existir políticas nacionales e internacionales sobre igualdad de género y acceso universal a las TIC, en muy pocas de ellas se consideran específicamente las TIC y el género en conjunto de una manera integrada. La falta de programas y proyectos orientados al género en la esfera de las TIC aumenta el riesgo de una creciente "brecha digital de género". Los círculos decisorios, junto con los defensores de la igualdad de género y las TIC, deben ser conscientes del profundo efecto (positivo o negativo) que tiene la manera de gestionar las cuestiones de género. Para reducir la brecha digital de género es indispensable integrar una perspectiva de género en el ámbito de las TIC. Dado que las TIC están ocupando un lugar cada vez más medular en la vida económica, política y social, la promoción de la igualdad de género también adquiere una importancia medular. El compromiso político en materia de reglamentación y política es esencial para determinar si las TIC están a disposición de todas las partes de la sociedad civil, especialmente de las comunidades pobres, rurales, dispersas o marginadas y, en caso afirmativo, cuándo. En un marco progresivo de acceso a las TIC que tenga en cuenta la capacitación de la mujer se debería considerar el acceso a las TIC como un "derecho habilitador". Gracias a su apropiación de las TIC, estos segmentos de la población pueden lograr la legitimización de sus intereses, pedir que las instituciones públicas rindan cuentan, y estudiar nuevas plataformas para forjar lazos de solidaridad y aprender e intercambiar conocimientos. Las Directrices que figuran en el Capítulo 5 [insertar hiperenlace] proporcionan a las esferas políticas y decisorias un nuevo conjunto de criterios que pueden aplicar en la formulación de políticas. Para que las mujeres y los grupos de mujeres tengan acceso a las TIC es vital aplicar un enfoque de bienes públicos, con el fin de compensar las parcialidades de la ecología evolutiva de la información y la comunicación y potenciar sus esfuerzos, ya giren éstos en torno al derecho a la información, el derecho a los medios de subsistencia, la necesidad de contenidos didácticos en idiomas locales, las iniciativas actuales de la comunidad de radiocomunicaciones, o el acceso a los servicios locales. Los acuerdos institucionales y los instrumentos de financiación públicos que abordan y promueven estas necesidades son esenciales para que las mujeres puedan ejercer sus derechos habilitadores mediante su acceso a las TIC. El desarrollo económico y social depende de la capacidad para generar, absorber y difundir conocimientos y tecnologías. El conocimiento y la tecnología pueden aportar beneficios a un gran número de usuarios, y el beneficio recibido por un usuario dado no menoscaba los beneficios recibidos por otros. A menudo se considera que el conocimiento es un bien público, pero se trata de un asunto más complejo de lo que parece a primera vista. En efecto, hay que tener en cuenta varias salvedades importantes, que son primordiales para el diseño de unas políticas adecuadas tendentes a aumentar la tasa de innovación y orientarla, tanto a nivel nacional como internacional.10     Hechos de interés: Definición de la sustentabilidad y el bien público El objetivo fundamental que se persigue al tratar de llegar a las mujeres no es la rentabilidad, sino más bien la creación de una serie de productos y servicios facultados por la tecnología que le permitirán a las mujeres aprovechar nuevas oportunidades. El hecho de centrarse en la viabilidad financiera, en detrimento de un enfoque concienzudo en las capacidades de transformación y desarrollo de las TIC, estaría en pugna con el logro de la meta de acceso universal. Los gobiernos y las ONG deben considerar análogamente la economía de los centros de comunicación dentro de un marco de justicia y equidad. El suministro de información pública debe estar guiado por las pautas de la responsabilidad, no del provecho. Las inversiones iniciales necesarias para crear un telecentro comenzarán a generar ingresos cuando la información empiece a tener una influencia positiva en la comunidad -en forma de bienestar social y económico, así como de transformación de las relaciones sociales a nivel comunitario y doméstico-, a medida que las mujeres y los pobres comiencen a aprovechar los recursos de información y comunicación. Los investigadores hacen una distinción entre sustentabilidad económica (alcanzada cuando se mantiene con el correr del tiempo un cierto nivel de gastos), sustentabilidad social (alcanzada cuando se reduce al mínimo la exclusión social y se aumenta al máximo la equidad social) y sustentabilidad institucional (alcanzada cuando las estructuras y procesos prevalecientes son capaces de dar cumplimiento a sus funciones a largo plazo). La sustentabilidad económica es un indicador clave del éxito de un proyecto, pues se considera que refleja una demanda genuina de ese servicio. Al mismo tiempo, en muchos proyectos de desarrollo los donantes financian la divulgación de informaciones como un bien público. "la naturaleza de la sustentabilidad de un telecentro se ve complicada por el hecho de que éste puede ser inicialmente un bien público, sobre todo en zonas desaventajadas, y sin embargo en última instancia debe ser autosuficiente".11 Se han publicado numerosos estudios de investigación sobre la sustentabilidad económica, sobre todo en lo que respecta a las iniciativas de facilitación de acceso tales como los telecentros o los quioscos de información, que tienen gastos de arranque y mantenimiento elevados y clientes con escasos recursos. Los complicados objetivos de suministrar servicios de información como un bien público y lograr que éstos sean autosuficientes han resultado muy difíciles de conciliar. Muy pocas iniciativas han logrado cubrir sus gastos, pese a haber establecido mecanismos de tasación viables.   La coordinación funcional entre los diversos ministerios gubernamentales y funcionarios locales es de vital importancia para establecer un entorno de política propicio. La creación de un grupo especial sobre política TIC también podría ayudar a agrupar a los interesados de todos los ministerios pertinentes, como los de educación, telecomunicaciones, cuestiones de género y relacionadas con la juventud, industria y comercio, etc.